Amparo y perito tercero en discordia refuerzan el debido proceso ante dictámenes periciales deficientes
En diversos procesos judiciales se ha vuelto relevante el cuestionamiento de dictámenes periciales emitidos por peritos que presentan conclusiones contradictorias y carecen de una metodología técnica claramente explicada. Esta situación ha llevado a que las partes recurran al juicio de amparo como un mecanismo constitucional para proteger el derecho al debido proceso.
Especialistas en materia pericial señalan que la omisión de explicar los métodos científicos utilizados, los criterios de análisis aplicados y los procedimientos técnicos seguidos en la elaboración de los dictámenes genera incertidumbre jurídica y limita la posibilidad de una adecuada defensa al impedir la contradicción real de la prueba.
De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda actuación judicial debe respetar las formalidades esenciales del procedimiento, lo que incluye una correcta elaboración y valoración de la prueba pericial. Asimismo, el artículo 16 constitucional exige que los actos de autoridad se encuentren debidamente fundados y motivados.
En este contexto, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo 368 que los peritos deben explicar de manera clara la metodología y los principios técnicos que sustentan sus conclusiones, mientras que el artículo 373 contempla la figura del perito tercero en discordia cuando existen dictámenes contradictorios dentro de un mismo proceso.
Cuando las deficiencias técnicas en los dictámenes trascienden al resultado del procedimiento, la Ley de Amparo permite su impugnación al tratarse de violaciones al debido proceso que afectan directamente el derecho de defensa. El amparo, en estos casos, no busca retrasar la justicia, sino asegurar que las resoluciones judiciales se basen en pruebas técnicas válidas, legales y científicamente verificables.
La revisión metapericial de los dictámenes se consolida así como una herramienta clave para evidenciar lagunas procesales, errores técnicos y deficiencias estructurales, fortaleciendo la certeza jurídica y la confianza en el sistema de impartición de justicia.
