Rectora
acudió a la Corte de Apelaciones
La casa de
estudios asegura que el organismo no aplicó la “racionalidad” al declarar a la
casa de estudios como “Operador de Importancia Vital”. En otras palabras, la
universidad se transformó recientemente en una infraestructura crítica para la
seguridad nacional en caso de un ciberataque. Poco más de media docena de
empresas privadas también se han quejado por lo mismo ante la justicia.
La rectora de
la Universidad de Chile, Rosa Devés, interpuso un recurso de ilegalidad en
contra de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), luego que fuera
incluida en la nómina como un “Operador de Importancia Vital” (OIV), lo que
implicaría un gasto multimillonario a la casa de estudios en implementación de
medidas antihackeo.
De acuerdo
con la presentación, a la que accedió Informe Especial, Devés asegura que la
decisión adoptada por la ANCI el pasado 16 de diciembre carece de
“racionalidad”, ya que la entidad educacional debería aplicar “la
contratación adicional de funcionarios, adquisición en infraestructura,
software, certificaciones obligatorias, consultorías y asesores externos, los
que, en principio, ascenderían a $3.732.615.688 anuales, (lo que) no se condice
con los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad en el uso de
recursos públicos”.
Por esta
razón —según detalla la presentación—, las únicas funciones
críticas relativas a la seguridad de la información deberían recaer en “los
ámbitos clínico-asistenciales (...) y a la función de resolución de nombres de
dominio .CL (...) excluyendo el resto (...) que no alcanza el umbral de
impacto requerido”.
El libelo, al
mismo tiempo, no solo acusa arbitrariedad en la decisión de la ANCI, sino
también discriminación, ya que el organismo no rotuló como OIV a 16 casas
de estudio a lo largo del país, como las universidades de Santiago, Valparaíso,
Bío-Bío, UTEM, Talca, O’Higgins, Playa Ancha, entre otras.
“Así, la
imposición de una carga anual de la entidad indicada no solo afecta el
patrimonio en términos numéricos, sino que incide directamente en la capacidad
real de administrar y priorizar recursos conforme a los fines esenciales que el
ordenamiento impone a esta casa de estudios”, remarcan.
De acuerdo
con la nueva Ley de Ciberseguridad, existen los llamados “Prestadores de
Servicios Esenciales (PSE)”. Se trata de empresas catalogadas como críticas
para el funcionamiento de la nación; por ejemplo, se incluyen áreas como salud,
telecomunicaciones, servicios digitales, transportes, entre otras.
Los OIV, en
tanto, tienen una calificación aún más alta, ya que apuntan a servicios que
incluyen infraestructura crítica, que —de fallar— afectarían
directamente la seguridad nacional y, por extensión, la salud pública y la
economía del país.
La
reciente nómina preparada por la ANCI, publicada
a mediados de diciembre de 2025, derivó en que las últimas dos semanas
ingresaran —hasta el cierre de esta edición— al menos siete recursos
ante la Corte de Santiago, fundamentalmente por empresas privadas que proveen
servicios digitales.
Básicamente, argumentan
que la decisión no solo es arbitraria, sino que además la ANCI tampoco aplicó
el principio de racionalidad, atendiendo al tamaño y espaldas financieras de
cada una de las compañías reclamantes. En otras palabras, aseguran que podrían
caer en insolvencia.
En el marco
de la normativa, los Operadores de Importancia Vital arriesgan multimillonarias
multas. Si incumplen las medidas de protección la multa puede llegar a
los $2.180 millones, y de reincidir en la conducta, supera los $4.185 millones,
tomando como base de referencia la Unidad Tributaria Mensual (UTM).
A raíz del
asunto, consultados por Informe Especial, la ANCI afirmó que "ser
designado como Operador de Importancia Vital (OIV) es un reconocimiento al rol
esencial que cumplen ciertas instituciones para el funcionamiento del país. No
es una sanción, sino una señal de confianza y una oportunidad para liderar en
seguridad digital, fortalecer la resiliencia y asegurar la continuidad de
servicios que impactan directamente en la ciudadanía".
Asimismo,
enfatizaron que "el proceso de identificación se realizó conforme a la Ley
Marco de Ciberseguridad" y que "en este proceso fueron definidos
915 OIV de sectores estratégicos, lo que representa solo el 1,49% del total de
entidades analizadas".
En ese
entendido, para la agencia "los recursos de ilegalidad presentados por 8
instituciones —menos del 1% del total— corresponden a casos aislados y no
alteran el consenso general sobre el valor, la legitimidad y la importancia de
esta designación".
Por todas
esas razones, señalaron que "ser OIV es asumir un rol de liderazgo y
compromiso con la seguridad digital del país, en beneficio de todas las
personas".
Fuente de la Información
https://www.24horas.cl/informe-especial/codigo/u-de-chile-contra-la-agencia-de-ciberseguridad-medidas-antihackeo
