Esta semana se publicó la Política General de
Ciberseguridad para la Administración Pública Federal, uno de los primeros
instrumentos regulatorios derivados del Plan Nacional de Ciberseguridad
2025-2030.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT),
liderada por José Merino, sabe que la ciberseguridad se ha consolidado
como un eje crítico de la infraestructura pública porque garantiza la
continuidad de los servicios del Estado, protege los derechos digitales y
genera confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
“Su papel trasciende el ámbito técnico: constituye un
componente estratégico del desarrollo nacional y un requisito indispensable
para la soberanía, la estabilidad y la seguridad del país”, resaltó el
documento.
En particular tomando en cuenta que, según el Fortinet
Global Threat Landscape Report 2025, en México se registraron más de 324
mil millones de intentos de ciberataques el año pasado y lo situó entre los
países más amenazados de América Latina.
Para hacer frente a este escenario, se desarrolló la
Política General de Ciberseguridad para la Administración Pública Federal que
servirá para que las dependencias de dicho nivel, incluyendo sus
órganos administrativos desconcentrados y entidades, realicen una gestión
integral y dinámica de la ciberseguridad.
También buscará facilitar la creación, adaptación
y/o actualización de regulaciones, prácticas, estándares y herramientas para
afrontar un entorno cambiante a través de la gestión continua de
riesgos, amenazas y vulnerabilidades.
¿QUÉ IMPLICA?
De acuerdo con el documento, los órganos deberán
establecer un marco claro y homogéneo en materia de ciberseguridad, que
defina de manera precisa los enfoques, reglas, procedimientos y directrices.
También deberán adoptar estándares internacionales y
considerar los principios de ciberseguridad y privacidad por diseño.
El Diario Oficial de la Federación detalló que la Agencia de
Transformación Digital y Telecomunicaciones debe emitir, en un plazo no mayor a
180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la política, los lineamientos
técnicos, criterios de cumplimiento y formatos oficiales para su
implementación.
Además, las dependencias deben designar formalmente al Titular
Institucional en materia de Ciberseguridad y a su Auxiliar, dentro de los
60 días naturales posteriores a la entrada en vigor.
Fuente de la Información
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/m%C3%A9xico-publica-pol%C3%ADtica-general-de-ciberseguridad-para-la-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica-federal/ar-AA1SBUpb?ocid=BingNewsSerp
POR AURA HERNÁNDEZ
