La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambia las reglas del juego para el sistema financiero.
SCJN ordena a bancos probar autenticidad de cargos no reconocidos: nuevo precedente en México
En un fallo que sacudió al sistema financiero mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una jurisprudencia que redefine la relación entre bancos y usuarios. A partir de ahora, en los juicios por cargos no reconocidos, serán las instituciones financieras quienes deban demostrar que el cliente autorizó y realizó cada operación.
La resolución, presentada por el ministro presidente Hugo Aguilar, tomó por sorpresa al sector bancario, ya que las instituciones no fueron notificadas previamente sobre la discusión del tema durante la sesión plenaria. De acuerdo con la columnista Jeanette Leyva Reus, el gremio bancario no tuvo oportunidad de exponer argumentos, lo que incrementó la incertidumbre.
Este cambio se da en un momento de alta tensión para la banca, marcada por presiones internacionales relacionadas con presuntos casos de lavado de dinero y por un entorno regulatorio cada vez más estricto en materia de protección al consumidor financiero.
La SCJN determinó que ya no será válido asumir, mediante la figura de confesión ficta, que el usuario aceptó los cargos por no acudir a audiencia. Ahora, la carga inicial de la prueba recae en los bancos.
Para ello, deberán acreditar la autenticidad de las operaciones mediante:
- Documentación clara y verificable.
- Procedimientos de autenticación confiables.
- Registros técnicos que demuestren el correcto funcionamiento del sistema.
- Procesos de autorización previamente acordados con el cliente.
Solo después de cumplir con estos requisitos, las instituciones financieras podrán trasladar la carga de la prueba al usuario. Con ello, la Corte busca reforzar la protección de los clientes bancarios y evitar la atribución de cargos indebidos.
En su columna “¿Guerra contra la banca? (I)”, Leyva Reus señala que esta jurisprudencia se convierte en un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, obligando a la banca a mejorar sus sistemas de verificación, fortalecer sus registros y elevar sus estándares de transparencia.
Para los usuarios, la resolución representa un avance significativo hacia una justicia financiera más social, en la que el consumidor deja de estar en desventaja frente a instituciones con mayor poder técnico y jurídico.
